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De paso, esta edición tiene una precuela publicada a principio de año alrededor del origen del Opus Dei y su relación con el gobierno de Javier Milei.
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De las cosas nuevas
Durante las últimas décadas del s. XIX, el mundo se encontraba atravesando una transformación profunda de la que no habría vuelta atrás. La Revolución Industrial había llegado para reconfigurar la economía pero también la estructura social y política de las naciones. Los avances técnicos y la proliferación del trabajo fabril habían convertido vastos paisajes rurales en centros urbanos densamente poblados. Mientras un puñado de dueños de fábricas contaba billetes en nombre del progreso, las condiciones laborales y la calidad de vida de los obreros se deterioraban día a día; un clima de tensión y descontento que se percibía como un fuego que eventualmente podría devorarlo todo.
En este contexto la brecha de clase no hacía otra cosa que expandirse, lo que propició el nacimiento de ideologías como el anarquismo y el socialismo; propuestas alternativas a un capitalismo despiadado donde el mercado empezaba a ser venerado como un ente todopoderoso al que no se le escatimaban sacrificios humanos. Frente a este convulso panorama, la Iglesia Católica empezó a replantearse su cosmovisión históricamente conservadora por primera vez en siglos. La cuestión era tan llana como compleja de abordar: ¿cómo responder a una nueva realidad social sin perder su esencia moral y espiritual?
Fue en este escenario que el papa León XIII irrumpió con un comunicado cuyos ecos resuenan hasta el día de hoy. Su principal influencia fueron los ensayos publicados por el sacerdote jesuita Luigi Taparelli, recordado por acuñar el término “justicia social”. Taparelli argumentaba que la justicia debía extenderse más allá de las relaciones individuales para abarcar también las estructuras y dinámicas sociales. Estas ideas planteadas por el jesuita italiano medio siglo antes proporcionaron el marco teórico para la encíclica Rerum Novarum (o De las cosas nuevas) que León XIII publicó en 1891. Por supuesto, esas “cosas nuevas” no era otras que los efectos que la Revolución Industrial había provocado en el devenir social.
La encíclica en cuestión proponía una serie de principios que resultaron disruptivos para su tiempo (y también para el nuestro si pensamos en el ideario de nuestro presidente): el derecho de los trabajadores a un salario justo, condiciones laborales dignas y la posibilidad de formar sindicatos para defender sus intereses. Marcando una tercera posición, Rerum Novarum condenaba la explotación capitalista y proponía a las sociedades sindicales como el aparato regulatorio ideal, pero también se oponía a la abolición de la propiedad privada que promulgaban ciertos sectores ligados al socialismo naciente. De forma un tanto utópica, el papa León XIII abogaba por un desarrollo económico moderado que velara por la dignidad humana y promoviera el bien común.
Como no podía ser de otra manera, la polémica no se hizo esperar. Los defensores a ultranza del libre mercado vieron al comunicado como una amenaza a la libertad económica y a su modelo de progreso, mientras que los socialistas y anarquistas lo consideraron como una propuesta insuficiente para resolver las injusticias del sistema capitalista. De cualquier forma, el impacto de esta encíclica resultó profundo y fue fundamental para consolidar las bases de la Doctrina social de la Iglesia.
Años más tarde, Rerum Novarum inspiró numerosos movimientos sociales y documentos eclesiásticos, como Quadragesimo Anno en 1931 y Centesimus Annus en 1991. Estos nuevos textos buscaban renovar y expandir las enseñanzas sobre la justicia social, adecuándose a los contextos de cada época. Sin duda alguna, sin Rerum Novarum tampoco hubieran existido las discusiones del recurrentemente mencionado Concilio Vaticano II y doctrinas como la teología de la liberación y su principio central: la opción preferencial por los pobres.
Como ya hemos hablado alguna vez, las ideas promulgadas tras este Concilio propiciaron un eterno vaivén de internas dentro de la Iglesia Católica entre un sector renovador que abrazaba esta actualizada doctrina y otro conservador que se desvivía por volver a las bases más férreas: ese idílico pasado con misas en latín y donde la más profunda devoción, en algunos casos, se expresaba en la autoflagelación corporal. Dentro de este último grupo, ortodoxo y promotor de un catolicismo preconciliar, se encuentra el Opus Dei.
Es por eso que cuando el presidente Javier Milei expresó que “el concepto de ‘justicia social’ es aberrante” porque “es robarle a alguien para darle a otro” no fue una declaración inocente ni exclusivamente dirigida a ese movimiento “profundamente cristiano y profundamente humanista” ―como decía el General― que es el peronismo; sino que es una toma de posición dentro de la más encarnizada interna de la Iglesia Católica. De un lado, los influenciados por la tradición jesuita y la teología de la liberación, como el Papa Francisco o Juan Grabois; del otro los preconciliares (en tándem con cierto sector evangélico), como Victoria Villarruel, cercana al lefebvrismo, o miembros varios del Opus que pululan alrededor de La Libertad Avanza.
Durante los últimos días quedó en claro para el público general que esta postura también se ve ampliamente reflejada en el armado de su gabinete.
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De renovar pero al revés
El cinco de febrero de este año, Juan Grabois denunció penalmente a Sandra Pettovello por “incumplimento de los deberes del funcionario público” a raíz de la suspensión de la entrega de alimentos básicos a comedores, un hecho que afectaba a más de 13 millones de personas en situación vulnerable. Sin saber que el tiempo le daría la razón y citando irónicamente a Patricia Bullrich, Grabois sostuvo que “el que las hace, las paga”.
Meses más tarde, una investigación periodística llevada adelante por Ari Lijalad para El Destape reveló que en los galpones del ex ministerio de Desarrollo Social había más de 5 millones de kilos de alimentos retenidos, a punto de pudrirse, que el gobierno había decidido no enviar a comedores y merenderos; ante un pedido público de acceso a la información, el oficialismo no tuvo otra opción que confirmar el hecho.
Fue entonces que intervino el juez federal Sebastián Casanello, a cuyo juzgado había llegado la denuncia de Grabois, para ordenarle a la ministra de Capital Humano que arme un plan de distribución inmediata de los alimentos retenidos. El día antes de que se conociera esta resolución Oscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, había difundido su propio reclamo al accionar de la ministra. Estas declaraciones van en la misma línea de las críticas del arzobispo García Cuerva en el tedeum del pasado 25 de mayo, que había llamado a “no hacerse los tontos” frente a la situación actual y a asumir responsabilidades “sin culpar como adolescentes”.
Todo esto se suma a un detalle no menor: dentro de Comodoro Py, Sebastián Casanello es visto como un juez afín a las ideas del Papa. En los pasillos de los tribunales se corre la voz de que ambos establecieron una excelente relación desde 2016, cuando se entrevistaron en privado por primera vez. Es por esto que, de forma un tanto insidiosa, desde el oficialismo a Casanello se le adjudicó el mote de “juez del Papa”, cuando no de “juez militante”.
Por supuesto, estas tensiones que se terminaron de cristalizar durante las últimas semanas no son cosa nueva. Desde los albores del gobierno de La Libertad Avanza se intentó relegar todo lo posible el rol de la Iglesia Católica (o al menos de cierto sector) dentro de los programas de asistencia social. Esta fue la razón por la que en febrero la ministra Pettovello firmó un acuerdo con ACIERA (el sector evangélico más cercano al gobierno) para que se hiciera cargo de la entrega de alimentos.
Ya en ese entonces la Iglesia había emitido una advertencia al respecto, lo que había obligado al ministerio cerrar también un acuerdo con Cáritas, la organización oficial de la Iglesia Católica dedicada a la asistencia, desarrollo y servicio social. Datos de color: ante el evidente desfinanciamiento, Cáritas se vio obligada a sumar fondos propios y Christian Hooft, presidente de ACIERA, admitió que se habían “metido en un lío” al aceptar semejante responsabilidad sin contar con la estructura pertinente para esta empresa.
Esta preferencia por la vertiente más reaccionaria de las iglesias evangélicas tampoco es algo casual. Es sabido que muchas de las instituciones nucleadas dentro de ACIERA militaron veladamente la campaña de Javier Milei por una simple razón: comparten agenda. Estos intereses se manifiestan, por ejemplo, en los dichos del secretario de culto Francisco Sánchez al asegurar que el divorcio “le hace mal a la sociedad” o en las declaraciones del propio presidente en el Luna Park sobre el aborto como una estrategia globalista de control poblacional impulsada por la vil Agenda 2030.
Es justamente esta agenda compartida lo que acercó al mencionado sector evangélico con los católicos preconciliares, que en este gobierno ocupan un lugar preponderante. Desde el momento de su asunción, se corre la voz de que “Capital Humano está copado por el Opus” y esto no es sólo un rumor, sino que es fácilmente corroborable.
Para empezar, la mismísima Sandra Pettovello ―además de tener cierto interés esotérico que la ortodoxia férrea consideraría blasfemo― fue formada en dos instituciones académicas directamente ligadas a (y con planes de estudios moldeados por) el Opus Dei: la Universidad Austral y Universidad Internacional de Cataluña. A esta misma organización pertenece Pablo De la Torre, quien se encontraba a cargo de la secretaría de Niñez y Familia hasta ser despedido como nuevo chivo expiatorio.
Lejos de arrastrar la marca, el despido de De la Torre echó luz sobre una trama poco conocida: la participación activa del Frente Joven dentro del armado oficialista. Esta organización católica conservadora creció a raíz de la militancia en contra de la legalización del aborto en el partido de San Miguel durante la intendencia de Joaquín De la Torre, hermano de Pablo y también miembro del Opus Dei. ¿Cuál es el objetivo del Frente Joven, apoyado por el clan De la Torre? La formación de cuadros de la derecha católica para reemplazar a los viejos dirigentes y disputar la hegemonía al sector liderado por el papa Francisco.
Hay que decir que los miembros del Frente Joven no sólo se hicieron un lugar en el ministerio de Capital Humano, sino también en el ministerio de Culto y en el Congreso de la Nación, contando con al menos una docena de militantes en cargos públicos. Posiblemente uno de los cuadros más influyentes de la organización sea Santiago Santurio, figura clave que ofició como nexo entre el gobierno y el sector evangélico más afín. Santurio mantiene una estrecha relación tanto con Sandra Pettovello como con el secretario de educación Carlos Torrendell.
La cuestión es que Santiago Santurio, junto con Nahuel Sotelo y Agustín Romo, fueron los principales señalados en el escándalo de los sobresueldos que los tildó de “diputados VIP” y bautizó al grupo como “la banda del Opus Dei” cuando ninguno de los implicados pertenece oficialmente a la organización, aunque no falten simpatías. Eso sí, por lo menos Santurio y Sotelo profesan un catolicismo profundamente ortodoxo.
Si del Opus Dei en concreto hablamos, no podemos dejar de mencionar que la canciller Diana Mondino también se formó parcialmente en la Universidad de Navarra, perteneciente a la institución, que Manuel José García Mansilla, uno de los candidatos del oficialismo para conformar la Corte Suprema, también tiene fuertes vínculos con el Opus y que Jorge O’Reilly Lanusse, quien fuera el primer candidato para la embajada del Vaticano, ostenta el cargo de supernumerario dentro de la organización.
Volviendo al asunto de la (no) distribución de los alimentos, luego del despido de Pablo De la Torre, el ministerio firmó un acuerdo con el doctor Abel Albino y su fundación CONIN para el asesoramiento en desnutrición infantil y la distribución de cientos de kilos de leche en polvo a punto de vencer. Sí, por supuesto que el doctor Albino también es miembro del Opus Dei.
A todo esto y por lo pronto, el pasado viernes 7 de junio el ministerio de Capital Humano le informó al juez Casanello que no distribuirá los alimentos a los comedores y merenderos correspondientes, sino que serán destinados a distintas escuelas con alumnos en situaciones vulnerables. Al parecer, ni el documento oficial entregado por el gobierno al juzgado ni las planillas adjuntas aclaran aún cuáles serían estas escuelas.
Cabe recordar que pasó menos de un año desde que el papa Francisco le quitó sus privilegios históricos al Opus Dei, otorgados en su momento por Juan Pablo II como parte de su larga lucha contra el comunismo y cualquier ideología tildada de izquierdista. Este nuevo conflicto es sólo un reflejo más de una compleja partida de ajedrez que se viene disputando hace años y, por lo visto, está lejos de concluir. Queda por ver quién es el próximo en mover sus piezas.
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Santi 👽
Santiago Martínez Cartier nació en Buenos Aires en 1992. Se define como escritor de ciencia ficción. Lleva seis novelas publicadas desde el 2014 hasta la actualidad. Edita libros y produce eventos como parte de Criolla Editorial. Colaboró como redactor en diversos sitios especializados en cine y literatura, como Hacerse la crítica, House Cinema y El Teatro de las Voces Imaginarias, entre otros. Produjo el audiolibro El quinto peronismo en formato radioteatro, adaptación de su novela homónima. Organizó varietés culturales y programó y presentó ciclos de cine. Palermo Dead (2021), una sucesión de relatos de terror que transcurren en un edificio maldito construido sobre el Cementerio de la Chacarita, es su último libro de ficción. El año pasado publicó Picnic sideral: Algo en qué creer, una selección mejorada de los mejores newsletters del 2022, en una co-producción entre Mate y Criolla.